Barcelona Estudia La Legalidad De Desokupa Y Abogados La Cuestionan
Barcelona Estudia La Legalidad De Desokupa Y Abogados La CuestionanNada más generarse el errado intento de desalojo de un piso del Raval por parte de la compañía especializada Desokupa, un representante del distrito de Ciutat Vella se refirió al episodio como , «métodos impropios» y como un procedimiento «irregular». Pero el Ayuntamiento de Barna insiste ahora en que está «estudiando la legalidad» de la actividad de esta empresa que aparentemente media al lado de la vía judicial para recuperar domicilios ocupados sin contrato o por los que no se paga alquiler. Ni tan siquiera los abogados consultados por este diario coinciden en el diagnóstico, puesto que la percepción de la intimidación o coacción es tan sutil como para bordear la ley.El municipio dirigido por la alcade Ada Colau, con pasado activista contra los desahucios, dice estar examinando los procedimientos de Desokupa para establecer si están dentro de la legalidad. Pero, conforme fuentes municipales, en el caso de tratarse de una práctica incorrecta no sería el consistorio quien tendría que intervenir sino más bien la Inspecció Territorial de Treball de la Generalitat, al corresponder al campo de la empresa. De momento, a los Mossos no les constan denuncias de inquilinos que hayan podido ser coaccionados. La pelota parece estar en el tejado de nadie, pese a la alarma social.
La lentitud del proceso judicial «desespera» a los propietariosLos abogados del ICAB consultados, aunque cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es necesario agilizar la vía judicial porque el dueño está hoy día bastante desprotegido por la ley. La situación acostumbra a ser «exasperante para el propietario», mantiene la penalista Mireia Balaguer, en tanto que el proceso civil por un desahucio puede ser lentísimo, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además de esto, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es concluyentes si un propietario se toma la justicia por su mano: uno no puede cambiar la cerradura ni recobrar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta añade que si la solución fuera más ágil, no llegarían a irrumpir estos desalojos paralelos, «mas si se tarda 1,5 años en llegar a recuperar un piso» hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales durante un tiempo, extranjeria toma de huellas cita previa y tras perder la vivienda volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin pagar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.En este barrio fue donde , en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy diferente al que Desokupa realizó en Gràcia en abril, cita para toma de huellas nie donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.PRESENTACIÓN CORRECTAPara Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barna (ICAB), la actividad de la empresa en los términos de intermediadora en que se promociona en la red de redes, abogando por pactos y sin procesos legales, aparenta ser adecuada. La ley es clara al contemplar solo el acuerdo amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin permiso o bien con coacciones debería ser puesto en conocimiento de la policía o bien la fiscalía al «alterar la posesión» del domicilio. «Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo» para que el juez establezca si es o bien no ilícito.Con amenazas o bien entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la solidez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rapado, los tatuajes en ciertos casos o bien su presencia en conjuntos de cuatro o cinco para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, estima que la estética sí es relevante, y que no es exactamente lo mismo percibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el mencionado aspecto, capaz de provocar miedo al ocupante. Claramente sería «coacción» situar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los problemas de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coacciones, insiste. Por eso, [empty] los vecinos de la finca solicitaron a los mossos en el mes de agosto que identificara al conjunto de Desokupa.La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace unos años, aunque sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el temor podría ser irracional y que basta con «producir la sensación» para que se produzca la coacción, conforme su actitud. Otra penalista especializada en estos casos asume la dificultad de evaluar la actividad: «Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita previa nie permanente para un delito» (en especial en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), mas no sé si ganaría un litigio", medita, ante las aristas del caso.No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no suele ocurrir porque quien vive ilegalmente en una vivienda (muchas veces colectivos vulnerables) no suele recurrir a la policía, a menos que medie alguna entidad, como en el Raval. Desde la política, hasta ahora solo ha movido ficha un miembro del Congreso de los Diputados del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus «vínculos con la extrema derecha». Un fenómeno reciente y bajo sospecha1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. Ocho hombres de la empresa Desokupa se presentaron en Perro Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido una parte del inmueble para imposibilitar su uso. Los Mossos conocieron entonces su existencia, afirman.2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo veloz, algunos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo weblog se anima a denunciar a los perjudicados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo dice desconocer que existan decenas y decenas de casos como los que afirma haber llevado a cabo la empresa. 3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Aconseja a los dueños que sufran una okupación o un proceso de impago que asistan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofertando también mediación y asesoría a quienes están del otro lado, al filo del desahucio. Solicitan que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.4- Convergència i Unió ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de CiU en el consistorio, solicita que se denuncie cualquier coacción o intimidación sea de empresas o particulares. Abre una reflexión a que ciertos confíen más en una compañía que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. Y si Colau ha hecho que aumente «la sensación de impunidad de los okupas».
La lentitud del proceso judicial «desespera» a los propietariosLos abogados del ICAB consultados, aunque cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es necesario agilizar la vía judicial porque el dueño está hoy día bastante desprotegido por la ley. La situación acostumbra a ser «exasperante para el propietario», mantiene la penalista Mireia Balaguer, en tanto que el proceso civil por un desahucio puede ser lentísimo, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además de esto, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es concluyentes si un propietario se toma la justicia por su mano: uno no puede cambiar la cerradura ni recobrar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta añade que si la solución fuera más ágil, no llegarían a irrumpir estos desalojos paralelos, «mas si se tarda 1,5 años en llegar a recuperar un piso» hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales durante un tiempo, extranjeria toma de huellas cita previa y tras perder la vivienda volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin pagar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.En este barrio fue donde , en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy diferente al que Desokupa realizó en Gràcia en abril, cita para toma de huellas nie donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.PRESENTACIÓN CORRECTAPara Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barna (ICAB), la actividad de la empresa en los términos de intermediadora en que se promociona en la red de redes, abogando por pactos y sin procesos legales, aparenta ser adecuada. La ley es clara al contemplar solo el acuerdo amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin permiso o bien con coacciones debería ser puesto en conocimiento de la policía o bien la fiscalía al «alterar la posesión» del domicilio. «Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo» para que el juez establezca si es o bien no ilícito.Con amenazas o bien entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la solidez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rapado, los tatuajes en ciertos casos o bien su presencia en conjuntos de cuatro o cinco para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, estima que la estética sí es relevante, y que no es exactamente lo mismo percibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el mencionado aspecto, capaz de provocar miedo al ocupante. Claramente sería «coacción» situar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los problemas de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coacciones, insiste. Por eso, [empty] los vecinos de la finca solicitaron a los mossos en el mes de agosto que identificara al conjunto de Desokupa.La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace unos años, aunque sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el temor podría ser irracional y que basta con «producir la sensación» para que se produzca la coacción, conforme su actitud. Otra penalista especializada en estos casos asume la dificultad de evaluar la actividad: «Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita previa nie permanente para un delito» (en especial en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), mas no sé si ganaría un litigio", medita, ante las aristas del caso.No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no suele ocurrir porque quien vive ilegalmente en una vivienda (muchas veces colectivos vulnerables) no suele recurrir a la policía, a menos que medie alguna entidad, como en el Raval. Desde la política, hasta ahora solo ha movido ficha un miembro del Congreso de los Diputados del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus «vínculos con la extrema derecha». Un fenómeno reciente y bajo sospecha1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. Ocho hombres de la empresa Desokupa se presentaron en Perro Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido una parte del inmueble para imposibilitar su uso. Los Mossos conocieron entonces su existencia, afirman.2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo veloz, algunos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo weblog se anima a denunciar a los perjudicados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo dice desconocer que existan decenas y decenas de casos como los que afirma haber llevado a cabo la empresa. 3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Aconseja a los dueños que sufran una okupación o un proceso de impago que asistan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofertando también mediación y asesoría a quienes están del otro lado, al filo del desahucio. Solicitan que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.4- Convergència i Unió ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de CiU en el consistorio, solicita que se denuncie cualquier coacción o intimidación sea de empresas o particulares. Abre una reflexión a que ciertos confíen más en una compañía que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. Y si Colau ha hecho que aumente «la sensación de impunidad de los okupas».
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